Dra. Ana María Lorandi

Antes de que se produjeran las grandes reformas implementadas por Carlos III, la administración de la Monarquía comenzó a tomar medidas parciales para recuperar el control de las instituciones coloniales. Desde la perspectiva de un nuevo modelo estatal, de creciente absolutismo monárquico, estas instituciones habían adquirido excesiva autonomía y la Corona comenzó a enviar funcionarios que intentaran reforzar el poder real en sus colonias. Estos funcionarios, impregnados de un fuerte espíritu regalista, encontraron una sólida barrera de resistencia en las elites locales, poco dispuestas a aceptar un recorte de sus privilegios. Resistencia que se apoyaba en un sistema jurídico de relativa flexibilidad, característico del Antiguo Régimen, y que continuaba vigente, tanto en el plano formal como en el ideológico. Por lo tanto estos funcionarios carecían de un aparato legal que les permitiera llevar adelante su gestión y hacer valer la plenitud de sus poderes. A ello se suma la superposición de competencias entre instituciones que provocaron fuertes disputas por derechos de preeminencia y espacios de poder.